MDI Venezuela | MDI Lara | decreto 4.039 es inconstitucional, viola derechos fundamentales y restringe garantías
El Movimiento por la Democracia y la Inclusión es un partido político venezolano que agrupa a partidarios de distintas tendencias ideológicas, cuya orientación se dirige a la reconstrucción de la república.
Partido Político, Venezuela. Caracas, Democracia, Inclusión, Lucha Social, humanidad, república, republicanismo, solidaridad, esperanza, pueblo, pueblo venezolano, gobierno, poder Asamblea Nacional, ideología, amor a la patria, patria, MDI, construcción, pobreza, estadísticas, clases sociales, ayuda humanitaria, Nicmer Evans, Pavel Mudarra, Saverio, Angel Godoy, riqueza, propiedad privada, desarrollo económico, fortuna.
17196
post-template-default,single,single-post,postid-17196,single-format-standard,user-registration-page,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

MDI Lara | decreto 4.039 es inconstitucional, viola derechos fundamentales y restringe garantías

Para el dirigente social y miembro del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) en el estado Lara, Jean Carlos Rojas Leal el Decreto N° 4.039 firmado por la Gobernadora del estado Lara Carmen Meléndez, es inconstitucional, y en consecuencia configura una vía de hecho que viola derechos fundamentales y restringe garantías.

En conversación con el equipo de Prensa de Punto de Corte corresponsalía en el estado Lara, el también docente explicó que el Decreto no tiene fundamento legal ni constitucional, pues el decreto de Alarma es igualmente inconstitucional, tanto por provenir de una autoridad usurpada y por incumplir con los requisitos mínimos de carácter constitucional; la libertad de tránsito y sus garantías sólo pueden ser restringidos por decreto presidencial de Estado de Excepción, ni los estados ni los municipios tienen competencias para eso, solo podrían reglamentar en su territorio esa restricción en caso de un decreto dictado por un presidente legítimo.

Rojas, resalta que las sanciones restrictivas de la libertad son de reserva legal, solo un presidente legítimo podría hacerlo, siempre y cuando cumpla el decreto el control parlamentario y judicial, el Decreto N° 4.039 no indica la vigencia temporal, característico de las normas de un estado de excepción.

“En el caso de que existiera un decreto de estado de alarma legítimo, el decreto de la Gobernación establece restricciones mayores, cuando lo procedente es solo reglamentar en su territorio las garantías restringidas nacionalmente, este decreto estatal suspende el derecho a la información durante el 70% del tiempo diario, cuando este derecho es intangible por disposición expresa del texto constitucional”. 

Ante la pregunta sobre las multas y sanciones pecuniarias establecidas en el Decreto N°4.039 el dirigente del MDI Lara afirmó lo siguiente:

“El Decreto incurre en doble sanción para un mismo hecho: restricción de la libertad personal (reclusión para charlas sobre el COVID-19) y multa, y en caso de que la persona no pague la multa, la sanción se convierte en “prisión por deudas”, aberración prohibida ya en la constitución de 1864, restringe el derecho a defender, otro derecho intangible aún en situaciones de emergencia”.

“Las multas son desproporcionadas considerando la crisis económica desatada por la pandemia y la crisis humanitaria compleja”.

Para Rojas Leal, con el polémico Decreto no se establecen las garantías que deben sustituir las garantías restringidas, pues viola estándares internacionales de protección de los DD HH en tiempos de excepción, así mismo restringe más derechos y garantías que el propio decreto de alarma nacional, así como crea mecanismos discrecionales para funcionarios, que permitirán mayor extorsión y abusos.

El dirigente del MDI Lara afirma que el Decreto viola el propósito mayor de los estados de excepción: la protección primordial de los derechos humanos mientras dure la anormalidad.

“Es una herramienta más de represión y no prevé mecanismos para la de defensa del particular, por la alta discrecionalidad que le crea a  los funcionarios llamados a aplicar las normas del decreto, no prevé mecanismos compensatorios por las restricciones creadas, y es otra amenaza que deja aún más desprotegidos a los particulares domiciliados en el territorio del Estado Lara” finalizó Rojas.

Sin comentarios

Lo sentimos el formulario de comentarios está cerrado en este momento