MDI Venezuela | (Opinión) El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas. Por Jesús Manuel Aguilera
El Movimiento por la Democracia y la Inclusión es un partido político venezolano que agrupa a partidarios de distintas tendencias ideológicas, cuya orientación se dirige a la reconstrucción de la república. Nuestro objetivo es #LibertadOLibertad
Partido Político, Venezuela. Caracas, Democracia, Inclusión, Lucha Social, humanidad, república, republicanismo, solidaridad, esperanza, pueblo, pueblo venezolano, gobierno, poder Asamblea Nacional, ideología, amor a la patria, patria, MDI, construcción, pobreza, estadísticas, clases sociales, ayuda humanitaria, Nicmer Evans, Pavel Mudarra, Saverio, Angel Godoy, riqueza, propiedad privada, desarrollo económico, fortuna.
17006
post-template-default,single,single-post,postid-17006,single-format-standard,user-registration-page,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

(Opinión) El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas. Por Jesús Manuel Aguilera

Este año se cumplen 21 años de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo capítulo VIII sobre los derechos de los pueblos indígenas significó uno de los más importantes paradigmas para Venezuela y, en especial, para sus pueblos originarios, pero también para latinoamérica, que vieron en nuestro modelo un ejemplo a seguir sobre el pluralismo jurídico o neo-constitucionalismo indígena que empezó a desarrollarse en el mundo a partir de finales de 1980.

En nuestro país fue donde inició con mucha fuerza su constitucionalismo indígena, con sólidos movimientos de base, quienes sin intermediario alguno redactaron el capítulo referido a los derechos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas. Se trató de una demanda histórica, una demanda que por primera vez fue cristalizada a través de nuestro pacto social en el año 1999 y, en 2005, fue desarrollada amplia e integralmente en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) y demás leyes específicas en lo sucesivo. No cabe duda que, a nivel constitucional y legal, somos vanguardia en el reconocimiento de los derechos indígenas, pero lamentablemente sólo se trata del reconocimiento, no de su respeto, garantía y efectivo cumplimiento.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como Esperanza de los Pueblos Indígenas

La CRBV significó la esperanza histórica de los pueblos indígenas de nuestro país, donde sus expectativas no sólo se vieran reivindicadas en el texto fundamental, sino en su efectiva garantía y cumplimiento. Siendo sincero, desde el año 1999 hasta al menos el año 2010, hubo interesantes avances en los derechos indígenas y su efectivo cumplimiento. Se crearon instituciones e instancias donde los pueblos indígenas se vieron identificados en la atención y solución de sus demandas específicas. Algunos de esos avances fueron las políticas y programas de salud indígena, la creación de la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, la Jurisdicción Especial Indígena, el reimpulso de la Educación Intercultural Bilingüe, el reconocimiento y desarrollo de sus derechos sociales y culturales, las formas propias de organización político-social, además, la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, entre muchos otros derechos contenidos en la CRBV. Fue una época de mucho dinamismo en el contexto indígena, que indicaba un franco desarrollo o cristalización de sus demandas históricas.

El Declive de los Derechos Indígenas

Lamentablemente en la actualidad, la garantía y cumplimiento de estos derechos no está en la agenda del Estado, posiblemente porque ello signifique un conflicto de intereses con su proyecto político-desarrollista, al referirnos a su modelo de desarrollo extractivita, o sencillamente por el agotamiento del discurso y políticas indigenistas, aunado a la desaparición de movimientos indígenas con agendas propias y no impuestas por la política partidista independientemente de la posición en el espectro Izquierda-Derecha o en el Transversalismo.

De las políticas o instancias creadas en los primeros años de la CRBV, ninguna tiene indicadores positivos, inclusive, ninguna está en regular funcionamiento. Los diferentes programas de salud indígena, como por ejemplo el Plan de Salud Yanomami en Amazonas o el Plan de Salud Delta en Delta Amacuro, al día de hoy son inexistentes, a pesar de haber tenido importante éxito en su época de funcionamiento y cobertura sanitaria de esas poblaciones de especial atención. Por ello no es casual, que al día de hoy los indígenas Yanomami y Warao, tienen los peores indicadores de salud del país en cuanto a malaria, tuberculosis, sarampión, desnutrición, VIH, entre otros padecimientos; como por ejemplo los desplazamientos forzados hacía los países vecinos en busca de atención sanitaria y alimentación en los refugios para tal fin, como lo refieren los dos recientes informes de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ACNUDH).

Al igual que la desaparición de los programas sanitarios, la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, órgano dependiente de la Vice Presidencia Ejecutiva de la República, desde el año 2005 se encuentra sin funcionamiento, por consiguiente, los procesos de demarcación de las tierras indígenas y las respectivas titulaciones colectivas se encuentran paralizadas. Según el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI), sólo el 12% de las tierras indígenas del país han sido tituladas, sin embargo, sigue indicando GTAI, que dichas titulaciones no han sido conforme a las expectativas o auto-demarcación de las propias comunidades involucradas. Esta situación (la no titulación) no debe entenderse de manera aislada, sino como un mecanismo de acceder o despojar de manera menos compleja las tierras indígenas para actividades extractivitas por parte del Estado, como hoy está ocurriendo en los estados Bolívar y Amazonas, el primero a través de un decreto espurio y, el segundo, de facto.

La Necesidad de Movimientos y Organizaciones Indígenas Autónomas

Como lo indiqué arriba, en momentos tan críticos como los que hoy padecen los pueblos indígenas, es donde deben emerger movimientos críticos y fuertes en la demanda de sus derechos. En el periodo político pasado, sin absolutamente ninguna figura constitucional o legal sólida sobre los derechos indígenas, surgieron movimientos indígenas fuertes que hizo posible, con la ayuda del proceso político de 1998, escribir su propio catálogo de derechos indígenas en la CRBV. Hoy, con todo ese complejo constitucional y legal sobre los derechos indígenas, que además contrasta con la peor situación social que están padeciendo los pueblos originarios de estas tierras, se evidencia un estruendoso silencio de aquellos importantes movimientos indígenas surgidos entre los 80 y 90, quienes fueron víctimas de la exclusión e invisibilización como pueblos con características identitarias específicas y, en consecuencia, de un proceso asimilacionista. Es contradictorio decir que ese estruendoso silencio se debe a que esos movimientos fuertes y demandantes en su momento, hoy son gobierno o parte de él, razón por la cual en la mayoría de los casos permanecen inmutados ante una realidad evidente, que además tuvo que ser conocida en nuestro país a través de la ACNUDH.

Lamentablemente en la mayoría de los casos, por esta razón, no hay agenda propia que garantice las demandas que hoy reclaman los pueblos indígenas de Venezuela, que a decir en el informe de ACNUDH, son la población más vulnerable del país y con la más crítica tasa epidemiológica y otras condiciones sociales.

Sin comentarios

Lo sentimos el formulario de comentarios está cerrado en este momento